La Ley de Protección de Datos podría postergarse un año: la Agencia que debe fiscalizarla aún no está constituida
El Gobierno evalúa una modificación legal que traslade la vigencia al 1 de diciembre de 2027. El problema no es el contenido de la ley sino su institucionalidad: el Senado rechazó en mayo la propuesta de consejeros. Mientras no haya ley que la postergue, el 1 de diciembre de 2026 sigue siendo la fecha vigente.
La entrada en vigencia de la Ley N°21.719 sobre protección de datos personales, programada para el 1 de diciembre de 2026, enfrenta un escenario de incertidumbre. El Gobierno evalúa presentar una modificación legal que permita postergar su aplicación, eventualmente hasta el 1 de diciembre de 2027.
El problema no está en el contenido de la ley, sino en algo más práctico: el organismo encargado de fiscalizarla todavía no está funcionando.
La reforma crea una Agencia de Protección de Datos Personales con facultades para fiscalizar a empresas y organismos públicos, investigar infracciones y aplicar sanciones. El proceso para conformar su Consejo Directivo se retrasó: la propuesta de consejeros presentada por el Ejecutivo fue rechazada por el Senado en mayo, y la institucionalidad no logró ponerse en marcha dentro del calendario previsto.
Por qué esta ley importa tanto
Porque cambia las reglas para usar información de personas. Datos de clientes, trabajadores, postulantes, proveedores y usuarios deberán tratarse bajo estándares considerablemente más exigentes que los actuales.
Para una empresa eso significa revisar qué datos recopila, para qué los usa, cuánto tiempo los conserva, con quién los comparte y qué medidas adopta para protegerlos. La reforma además fortalece los derechos de las personas sobre su información y establece un régimen de fiscalización y sanciones muy superior al de la antigua Ley N°19.628.
La pregunta que importa: ¿se pueden detener los proyectos?
No.
No existe una postergación aprobada. La Ley N°21.719 sigue fijando como fecha de entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026, y para cambiarla se requiere una modificación legal aprobada por el Congreso.
El escenario que estaría evaluando el Ejecutivo sería permitir que la Agencia comience a funcionar primero y otorgarle un período para dictar criterios y preparar su estructura, antes de que las nuevas obligaciones sean plenamente exigibles. Una de las alternativas informadas es trasladar la vigencia a diciembre de 2027, aunque el plazo sigue en discusión.
La Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos ha cuestionado una postergación extensa y propone que, de aplazarse, sea por un máximo de seis meses, argumentando que muchas organizaciones ya invirtieron recursos para adecuarse.
Lo que hay que seguir haciendo igual
Una eventual postergación entrega más tiempo, pero no elimina el trabajo. Las medidas que las organizaciones deberían estar ejecutando siguen siendo las mismas.
| Tarea | Qué implica |
|---|---|
| Mapear los datos | Saber qué datos personales maneja la organización y dónde están |
| Revisar la base de licitud | Verificar autorizaciones y fundamentos para cada tratamiento |
| Definir conservación | Establecer por cuánto tiempo se guarda cada categoría de dato |
| Fortalecer la seguridad | Medidas técnicas y organizativas proporcionales al riesgo |
| Revisar contratos | Cláusulas con proveedores que tratan datos por encargo |
| Procedimiento de titulares | Cómo se responde a quien pide acceso, rectificación o supresión |
La noticia, en definitiva, no es que la reforma se haya paralizado. Es que Chile tiene uno de sus cambios regulatorios más relevantes a tres meses de entrar en vigencia mientras el organismo que deberá fiscalizarlo aún no se constituye, y que esa dificultad está llevando al Gobierno a evaluar darle hasta un año adicional al sistema para prepararse.
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