El Ejecutivo propone un estado de excepción de hasta 120 días para enfrentar al crimen organizado
La reforma ingresada al Senado plantea ocho modificaciones a la Constitución: incorpora expresamente la seguridad pública, habilita regímenes penitenciarios especiales, crea un registro de organizaciones criminales e impone nuevas inhabilidades a los condenados.
El Presidente de la República ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción, aplicable cuando exista una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta ya se encuentre gravemente afectada. En su versión inicial, el régimen podría extenderse hasta por 120 días.
El mensaje contiene ocho modificaciones al texto constitucional. Además del nuevo estado de excepción, propone incorporar expresamente la seguridad pública entre las materias que la Constitución reconoce, establecer regímenes penitenciarios especiales para los condenados por delitos de crimen organizado, crear mecanismos de reconocimiento institucional de las organizaciones criminales y fijar inhabilidades constitucionales para quienes hayan sido condenados por esos delitos.
El fundamento que invoca el Ejecutivo es doble. Por una parte, la constatación de que las organizaciones criminales ejercen violencia, intimidan comunidades, controlan territorios, afectan la actividad económica e interfieren en las instituciones. Por otra, la legitimidad democrática del procedimiento: si se van a modificar las reglas fundamentales del Estado, el mensaje sostiene que debe hacerse por la vía que la propia Constitución contempla.
El texto se apoya en los artículos 1° y 5° de la Constitución para construir su argumento. Si la soberanía reside en la Nación y el Estado está al servicio de la persona humana, entonces las instituciones existen para organizar la convivencia y proteger a las personas frente a amenazas que dificulten el ejercicio de sus libertades.
El Ejecutivo se anticipa a la objeción previsible y la enfrenta de frente: sostiene que la reforma no plantea una elección entre libertad y seguridad, sino la necesidad de dotar al Estado de herramientas suficientes para cumplir su deber de protección, sometidas a límites, reglas y controles constitucionales.
La discusión de fondo, sin embargo, recién comienza. Un estado de excepción diseñado para una amenaza que no es coyuntural sino estructural plantea una pregunta que el mensaje no resuelve: qué impide que lo excepcional se vuelva permanente.
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