Proponen facultar al Presidente para pagar recompensas por información sobre organizaciones criminales

Una moción propone una ley autónoma y de aplicación general que faculte al Presidente de la República para ofrecer recompensas a quienes entreguen antecedentes útiles en la investigación y persecución de delitos vinculados al crimen organizado.

El diagnóstico del que parte es conocido: las organizaciones criminales operan con división de funciones, mecanismos de intimidación, capacidad económica, presencia territorial y conexiones transnacionales. Frente a esa complejidad, los autores sostienen que las técnicas tradicionales de investigación resultan insuficientes por sí solas.

El obstáculo que la iniciativa busca sortear es el silencio. Víctimas, testigos y personas del entorno evitan entregar información por temor a represalias, por desconfianza en las instituciones o por su propia situación de dependencia respecto de quienes integran la organización. La recompensa opera, en ese esquema, como el incentivo que compensa ese riesgo.

La información que daría derecho al beneficio debe ser sustancial, veraz y útil para alguno de estos fines: detener responsables, ubicar prófugos, identificar integrantes de la organización, incautar bienes o desarticular estructuras delictivas. También cuenta la que permita detectar inmuebles, vehículos, armas o vínculos financieros.

El proyecto delimita a quiénes no alcanza: los funcionarios que ya tienen obligación legal de denunciar, las víctimas, los querellantes, los imputados y quienes participaron en los hechos. La exclusión busca evitar que la recompensa se convierta en un pago por cumplir un deber o en una vía lateral de negociación para quien está siendo perseguido.

La moción recoge y reformula dos iniciativas anteriores, los Boletines N°14.508-07 y N°14.678-07, y cita como antecedente comparado los programas de recompensas de Estados Unidos.