Gobierno ingresa el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades

El Presidente José Antonio Kast Rist ingresó a la Cámara de Diputados, el 12 de junio de 2026, el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. El mensaje invoca cifras de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024: un 87,7% de las personas percibió un aumento de la delincuencia y un 6,6% de los hogares fue víctima de vandalismo. El registro será público, electrónico y único, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El proyecto distingue dos categorías. Los actos vandálicos son 23 delitos: desde atentados y amenazas contra la autoridad, agresiones a fiscales o defensores públicos y la toma de control de buses, hasta el incendio, la usurpación de inmuebles fiscales, los daños a bienes de uso público y los rayados no autorizados — para lo cual crea un nuevo artículo 486 bis del Código Penal. Las incivilidades son 10 faltas de menor entidad, como el consumo de alcohol en la vía pública, el comercio ambulante sin patente y la evasión del pago en el transporte público.

Quien sea condenado por sentencia firme queda inscrito y sujeto a un catálogo de 17 medidas administrativas: exclusión de programas habitacionales y del subsidio de arriendo, de becas de educación superior, del Pase Cultural y de fondos de investigación; suspensión de la licencia de conducir y del pasaporte; prohibición de ingreso a espectáculos masivos, fútbol profesional y casinos; retención de la devolución de impuestos, entre otras. La inscripción dura cinco años para los actos vandálicos (dos si el condenado es menor de edad) y un año para las incivilidades.

Para un grupo de delitos especialmente graves — atentado contra la autoridad con resultado de muerte, agresión a fiscales, incendio y tráfico de estupefacientes — se suma la pérdida de la gratuidad en la educación superior y de la Pensión Garantizada Universal por cinco años.

Según el informe financiero de la DIPRES, la implementación costará $1.362.970.000 el primer año y $333.495.000 en régimen. El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional. No debe confundirse con el "Registro de Vándalos de Cuello y Corbata", moción parlamentaria enfocada en delitos económicos que tramita en paralelo con boletín propio.