Indemnización a todo evento: la “mochila austríaca” que Chile vuelve a mirar para reemplazar los años de servicio

La discusión laboral chilena vuelve a poner en tensión dos objetivos que cuesta conciliar: ampliar la cobertura de quienes pierden o dejan su empleo y, al mismo tiempo, reducir la rigidez que representa para las empresas el costo de despedir a trabajadores con alta antigüedad.

La idea tomó fuerza cuando la Mesa de Reactivación Laboral, convocada por el Ministerio del Trabajo, incorporó en su informe final la llamada Propuesta 15. El documento —entregado el 30 de junio, con 22 medidas— recomienda evaluar rigurosamente la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio y su reemplazo por una indemnización a todo evento, comenzando por los contratos nuevos y financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía. Los trabajadores ya contratados conservarían el régimen vigente y podrían incorporarse al nuevo por acuerdo de las partes.

El planteamiento dejó de ser una recomendación técnica. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el Gobierno trabaja en una iniciativa legislativa y adelantó componentes del diseño en evaluación: una cotización adicional de cargo del empleador cercana al 1,8% de la remuneración, acumulada en una cuenta que genere rentabilidad y que podría integrarse al Seguro de Cesantía. El objetivo declarado es llegar a una protección equivalente a medio mes de remuneración por año trabajado, pero disponible para todo el universo de trabajadores con contrato indefinido y no solo para quienes sean despedidos por necesidades de la empresa.

A fines de agosto de 2026 no hay texto ingresado al Congreso. Las cifras conocidas corresponden al diseño que el Ejecutivo elabora, de modo que las cuestiones centrales —porcentaje definitivo, reglas de retiro, interacción con las indemnizaciones legales, administración de los fondos— siguen abiertas.

El sistema vigente: un mes por año, pero no para todos

El artículo 163 del Código del Trabajo establece que, cuando la relación ha durado un año o más y el empleador pone término al contrato conforme al artículo 161 —necesidades de la empresa o desahucio, cuando procede—, corresponde pagar treinta días de la última remuneración mensual por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con tope de 330 días, es decir once años.

La lógica concentra una protección alta en determinadas causales y deja fuera a muchos. Quien renuncia, quien termina por mutuo acuerdo sin negociar un pago, o quien sale por otra causal, no genera por ese solo hecho derecho a la indemnización legal.

Rau ha usado ese argumento para justificar la discusión: poco más del 20% de las relaciones laborales terminaría por necesidades de la empresa.

El sistema actual ofrece una indemnización alta a una fracción de quienes terminan su contrato. El nuevo ofrecería una menor, pero potencialmente a todos.

El antecedente austríaco no es una comparación casual

En el derecho comparado, el referente más directo es Austria y su sistema Abfertigung Neu, conocido internacionalmente como la mochila austríaca. La vinculación no surge solo de una semejanza técnica.

El 10 de junio de 2025, antes de asumir como ministro, Tomás Rau publicó junto a Cecilia Cifuentes una columna que proponía exactamente una indemnización a todo evento financiada con una cotización patronal cercana al 1,8% en una cuenta individual. Ahí citaban a Austria como respaldo y sugerían que el régimen fuera obligatorio para las nuevas contrataciones y voluntario para quienes ya estuvieran empleados.

Un año después, ya desde el Ministerio, Rau menciona prácticamente los mismos elementos: 1,8%, aporte del empleador, acumulación en cuenta, integración con el Seguro de Cesantía, aplicación a contratos nuevos e indemnización independiente de la causal. La línea entre el modelo austríaco, la propuesta de 2025 y la reforma en estudio es bastante clara.

Cómo funcionaba Austria antes de 2003

Hasta comienzos de este siglo Austria tenía un sistema tradicional, ligado a la antigüedad y a la causal de término. Bajo el Abfertigung Alt, el trabajador accedía a una indemnización escalonada.

La estructura generaba el mismo problema que hoy se discute en Chile. El trabajador con alta antigüedad adquiría un fuerte incentivo económico para quedarse, porque cambiarse de empleo voluntariamente equivalía a renunciar a una expectativa considerable. Y para el empleador el costo no se financiaba durante la relación, sino que aparecía de golpe al momento de ciertas terminaciones.

La reforma: financiar durante la relación laboral

Austria cambió el esquema a partir del 1 de enero de 2003. Para las nuevas relaciones laborales rige el Abfertigung Neu: en vez de una indemnización contingente que el empleador financia al final, la empresa aporta periódicamente un porcentaje de la remuneración.

Ese aporte es hoy del 1,53% de la remuneración bruta mensual y de determinadas remuneraciones extraordinarias. Los recursos van a entidades especializadas, las Betriebliche Vorsorgekassen, que los administran e invierten bajo supervisión financiera. Austria tiene ocho de ellas, y la ley contempla una garantía de capital sobre lo aportado.

En el modelo tradicional el costo nace al despedir. En el austríaco, el costo se financia durante todo el tiempo en que el trabajador presta servicios.

La obligación contingente del empleador se convierte así en un costo laboral mensual conocido.

Por qué se llama mochila

Porque los recursos acompañan al trabajador durante su trayectoria. Si trabaja sucesivamente para varias empresas, el cambio de empleador no destruye lo acumulado: los períodos de cotización se suman y el capital se conserva cualquiera sea la forma en que terminó cada relación.

Esa portabilidad es probablemente el elemento más relevante de la reforma. La OCDE ha destacado que desvincular ciertos derechos de una relación laboral específica y asociarlos a la persona facilita la movilidad. En Austria, estudios empíricos encontraron un aumento significativo de las transiciones laborales tras 2003, precisamente al eliminar el incentivo a permanecer solo para no perder una indemnización eventual.

Es lo que la discusión económica llama efecto candado: alguien puede tener una mejor alternativa y aun así no cambiarse, porque hacerlo implica abandonar años de indemnización potencial. Rau lo ha ejemplificado con una persona de cinco años de antigüedad que pondera esos cinco sueldos antes de aceptar otra oferta.

Austria no significa retiro inmediato ante cualquier causal

Hay una diferencia técnica que suele perderse cuando se describe la mochila austríaca como una simple indemnización a todo evento. El trabajador nunca pierde lo acumulado por renunciar, pero eso no equivale a poder retirar el dinero de inmediato.

Como regla general, para disponer del capital deben haberse completado al menos tres años de cotizaciones —sumando períodos con distintos empleadores— y concurrir determinadas formas de término: despido por el empleador, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo u otras hipótesis legales. Si el trabajador renuncia y no cumple esas condiciones, los recursos no se pierden: quedan invertidos en su cuenta para una oportunidad posterior.

Técnicamente, entonces, Austria es un modelo a todo evento respecto de la adquisición y conservación del derecho, pero no necesariamente respecto de la liquidez inmediata. El proyecto chileno deberá definir si adopta esa misma lógica.

Chile ya conoce la indemnización a todo evento

La reforma tampoco introduciría un concepto desconocido. El ordenamiento chileno tiene dos antecedentes con la misma arquitectura: aporte periódico, fondo individual, rentabilidad e indemnización independiente de la causal.

La propia propuesta de Rau y Cifuentes mencionaba el régimen de casa particular como referencia nacional. Por eso la reforma puede entenderse menos como la importación de una figura extranjera y más como la generalización de una lógica que Chile ya tiene.

El Seguro de Cesantía ya funciona parcialmente como cuenta portable

Hay además una razón institucional para que la discusión mire hacia la AFC. En contratos indefinidos, la Cuenta Individual de Cesantía recibe hoy un 2,2% de la remuneración imponible —1,6% del empleador y 0,6% del trabajador—, y el empleador aporta otro 0,8% al Fondo de Cesantía Solidario. Los fondos de la Cuenta Individual pertenecen al trabajador y se mantienen cuando cambia de empleador.

Y ya existe una conexión jurídica entre ambos instrumentos: cuando el contrato termina por las causales del artículo 161, la Ley N°19.728 permite imputar a la indemnización legal la parte del saldo de la Cuenta Individual constituida por las cotizaciones del empleador y su rentabilidad. El aporte del propio trabajador no puede imputarse. La reforma no crearía esa relación desde cero.

La aritmética detrás del medio sueldo por año

Las cifras adelantadas permiten formular una hipótesis sobre el diseño. Un aporte nuevo del 1,8% mensual, tomado aisladamente, equivale en doce meses a un 21,6% de una remuneración: bastante menos que medio sueldo. Pero Rau ha indicado que ese 1,8% operaría sumado a la contribución actual al Seguro de Cesantía.

Cobertura contra monto: el verdadero nudo

Ese es probablemente el nudo distributivo de la reforma, y se aprecia mejor comparando dos casos.

Ese intercambio entre cobertura y generosidad será el centro de la discusión política y laboral.

También cambia la naturaleza del costo para las empresas

Desde la perspectiva empresarial tampoco es preciso decir que la reforma elimina un costo. Lo transforma. Hoy la indemnización opera como un pasivo contingente: puede ser muy elevado, pero se materializa solo bajo ciertas causales. Un sistema capitalizado lo convierte en un costo mensual cierto por cada trabajador contratado.

Para empresas con alta rotación y pocas terminaciones por artículo 161, una cotización patronal adicional puede significar incluso un mayor desembolso corriente. Para compañías con plantillas antiguas o sujetas a reestructuraciones, en cambio, reduce el riesgo de enfrentar grandes indemnizaciones simultáneas. La ventaja principal puede estar menos en el monto y más en la previsibilidad.

La experiencia austríaca no es una solución sin costos

El modelo también plantea desafíos. Una cuenta individual protege solo en la medida en que acumule aportes suficientes: para trabajadores con salarios bajos, lagunas o trayectorias breves, una cotización reducida genera saldos modestos. Y la exigencia austríaca de garantía de capital tiende a favorecer inversiones conservadoras, lo que abre una discusión permanente sobre la rentabilidad de largo plazo.

La pregunta relevante para Chile no es si el sistema austríaco funciona, sino qué elementos de esa arquitectura son compatibles con nuestro mercado laboral y con el Seguro de Cesantía que ya existe.

No hay un único modelo internacional

Austria es el ejemplo más cercano al diseño en discusión, pero no la única alternativa.

El régimen transitorio puede pesar tanto como la tasa

Una de las decisiones más sensibles será determinar quiénes quedan sometidos al nuevo sistema. El informe de la Mesa propone partir con los contratos nuevos, mantener los derechos de los trabajadores actuales y permitir una migración voluntaria por acuerdo de las partes. Rau ha planteado lo mismo y ha descartado afectar retroactivamente a quienes ya acumulan antigüedad.

La solución recuerda otra vez a Austria: el Abfertigung Neu rigió para las relaciones iniciadas desde el 1 de enero de 2003, mientras el régimen anterior siguió aplicándose a las preexistentes.

Un diseño así produciría durante años la coexistencia de dos regímenes indemnizatorios dentro de una misma empresa: trabajadores antiguos protegidos por la indemnización tradicional y trabajadores nuevos con cuenta portable. Eso abre cuestiones concretas de gestión de personas, negociación colectiva, provisiones financieras y administración de desvinculaciones.

Qué pasa con el despido injustificado

El otro gran desafío es no confundir dos funciones distintas de la legislación laboral. Una cosa es asegurar ingresos al trabajador cuando termina la relación. Otra es encarecer o sancionar jurídicamente un despido que no se ajusta a derecho.

Si el trabajador tiene derecho al fondo cualquiera sea la causal, la nueva indemnización deja de operar como consecuencia específica del artículo 161. Pero eso no implica que deban desaparecer los recargos del despido injustificado ni las demás consecuencias que la ley prevé.

El proyecto tendrá que definir expresamente la relación entre la nueva cuenta y el artículo 168, y su interacción con la tutela laboral, el despido indirecto, la nulidad del despido, los fueros y las indemnizaciones convencionales pactadas individual o colectivamente.

Una reforma mal diseñada podría terminar confundiendo la protección frente al desempleo con la sanción frente al despido ilícito.

Las preguntas que deberá responder el proyecto

Antes de evaluar quién gana y quién pierde hará falta el texto legal. Entre las cuestiones centrales están el porcentaje definitivo de cotización; si el 1,8% será efectivamente adicional; qué parte de las cotizaciones actuales de la AFC se integrará al cálculo; quién financiará el nuevo beneficio; si el trabajador podrá retirar sus fondos al renunciar; quién administrará las cuentas; qué reglas de inversión y rentabilidad regirán; si habrá garantía de capital; qué ocurrirá con los saldos no utilizados; cómo operará la transición; cuál será el tratamiento de las indemnizaciones convencionales y colectivas; y qué consecuencias subsistirán frente a un despido declarado injustificado.

Hasta que esas respuestas estén en un proyecto de ley, la discusión seguirá siendo conceptual. Pero los antecedentes disponibles muestran que la propuesta no apareció aislada: tiene un referente identificable en la reforma austríaca de 2003, fue defendida por Rau antes de asumir, se conecta con un Seguro de Cesantía que Chile usa hace más de dos décadas, y encuentra antecedentes internos en el artículo 164 y en el régimen de los trabajadores de casa particular.

Más que importar literalmente la mochila austríaca, Chile parece estar evaluando una versión propia: una indemnización portable, financiada mensualmente y construida sobre la infraestructura de la AFC. El fondo de la discusión será si ese cambio logra dar más protección a quienes hoy reciben poco o nada al terminar su empleo, sin trasladar un costo excesivo a quienes hoy sí cuentan con una indemnización significativa por antigüedad.