Ley N°21.839 crea un tercer Juzgado del Trabajo en Santiago y aumenta a 57 los jueces laborales de la capital
La nueva normativa fue publicada este lunes en el Diario Oficial y busca enfrentar la creciente congestión de la justicia laboral. Además de crear un tercer tribunal en Santiago, aumenta las dotaciones de jueces en Antofagasta, Concepción y Punta Arenas. Su implementación será gradual y comenzará a materializarse dentro de seis meses.

La justicia laboral chilena tendrá una de sus mayores expansiones de los últimos años. Este lunes 14 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.839, que crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y fortalece la dotación de otros tribunales laborales del país. La reforma apunta directamente a uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la jurisdicción laboral: el aumento sostenido de causas y la consecuente extensión de los tiempos de tramitación.
Santiago: de 38 a 57 jueces en tres tribunales
En Santiago, la modificación es especialmente significativa. Hasta ahora, el artículo 415 del Código del Trabajo contemplaba 38 jueces distribuidos en dos juzgados laborales, con 19 magistrados cada uno. La nueva ley eleva la dotación a 57 jueces, agrupados en tres Juzgados de Letras del Trabajo de Santiago, cada uno con 19 magistrados.
En términos prácticos, la reforma supone la creación de un tercer tribunal laboral completo para la capital, acompañado no solo de jueces, sino también de funcionarios administrativos y de la estructura necesaria para su funcionamiento. La Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá poner oportunamente a disposición de la Corte de Apelaciones los inmuebles necesarios para su funcionamiento y ejecutar las remodelaciones que correspondan, mientras las Cortes deberán efectuar los concursos para proveer los nuevos cargos. La ley publicada no contiene, eso sí, una regulación específica sobre una eventual redistribución de las causas actualmente radicadas en el Primer y Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por lo que los aspectos operativos de la puesta en marcha del tercer tribunal deberán definirse durante su implementación.
Una instalación en dos etapas
El nuevo tribunal no producirá efectos operativos inmediatos: la ley establece una implementación gradual. Transcurridos seis meses desde su publicación, deberán incorporarse diez nuevos jueces, además de un administrador, cuatro jefes de unidad y distintos funcionarios administrativos —la dotación que permitirá instalar el nuevo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago—. Al cumplirse un año desde la publicación, se incorporarán los nueve jueces restantes y una segunda etapa de funcionarios, completando así los 57 magistrados previstos para los tres tribunales de la capital.
El refuerzo no se limita a Santiago
La Ley N°21.839 modifica también la dotación de tres tribunales identificados durante la discusión legislativa entre los de mayor sobrecarga del país: Antofagasta pasará de cinco a ocho jueces, Concepción de seis a ocho, y Punta Arenas duplicará su dotación, de uno a dos magistrados. En estos tres casos, el incremento entrará en vigencia una vez transcurrido un año desde la publicación de la ley. Durante la tramitación, el Senado informó que los antecedentes técnicos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial situaban la sobrecarga del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta en 157%, la de Punta Arenas en 150% y la de Concepción en 147%. La situación de Punta Arenas resultaba particularmente sensible, pues hasta ahora el tribunal funcionaba con un solo juez para atender toda la jurisdicción laboral correspondiente.
Santiago concentró más del 40% de las nuevas demandas laborales
Uno de los antecedentes que explican la decisión legislativa está en el fuerte nivel de concentración de litigios en la capital. En marzo de este año, el Ministerio de Justicia informó a la Cámara de Diputadas y Diputados que el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago había sido priorizado debido a que la capital concentró más del 40% de las nuevas demandas laborales ingresadas a nivel nacional durante 2024. Al momento de debatirse el proyecto existían, según los antecedentes expuestos ante el Senado, 26 Juzgados de Letras del Trabajo en el país, con una dotación total de 108 jueces; los dos tribunales laborales de Santiago presentaban la mayor cantidad de requerimientos y los mayores niveles de congestión del sistema. La iniciativa ingresó al Congreso en octubre de 2025 como mensaje del Ejecutivo, bajo el Boletín N°17.880-13, y fue aprobada sin modificaciones por el Senado: en julio, la Sala de la Cámara Alta la aprobó por unanimidad antes de remitirla para completar su tramitación constitucional.
Abogados advierten esperas de hasta un año entre audiencias
La congestión de los tribunales laborales de Santiago no ha sido únicamente una cuestión planteada durante la discusión parlamentaria. Durante las últimas semanas, abogados laboralistas han vuelto a advertir públicamente sobre las extensas fechas que estarían fijándose para la realización de audiencias. El abogado Marcelo Campos Bustos ha señalado que los tribunales laborales de Santiago han llegado a fijar plazos cercanos a un año entre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, cuestionando los efectos que esas demoras producen para quienes esperan una decisión judicial.
"Esta situación afecta a trabajadores y empleadores por igual, pues un juicio donde se ventila una eventual vulneración de derechos fundamentales puede demorar varios años, o incluso un desafuero que conlleva conductas contrarias a la probidad puede tener una dilación riesgosa para una empresa", advirtió el abogado Marcelo Campos Bustos.
La publicación generó una discusión entre abogados y operadores del sistema respecto de las causas de la congestión, la creciente judicialización de los conflictos laborales y la necesidad de potenciar mecanismos que permitan resolver controversias antes de llegar a juicio.
¿Será suficiente un tercer tribunal?
La creación del nuevo juzgado tampoco ha cerrado el debate sobre la capacidad que requiere la jurisdicción laboral de Santiago. El juez Eduardo Ramírez planteó recientemente en LinkedIn una visión más cautelosa respecto del impacto de la reforma: a su juicio, el tercer juzgado podría no ser suficiente siquiera para equilibrar la relación entre las causas que ingresan y las que terminan, y alcanzar ese objetivo podría requerir incluso un cuarto tribunal. Su reflexión apunta a un problema estructural: aumentar la capacidad judicial puede aliviar la congestión, pero no necesariamente disminuye el volumen de litigios, por lo que plantea la necesidad de fortalecer mecanismos alternativos de solución de conflictos —mediación, conciliación y otras instancias previas a la judicialización—.
La propia Corte Suprema, al informar el proyecto durante su tramitación, valoró positivamente el aumento de dotación, aunque advirtió sobre la necesidad de seguir examinando permanentemente el comportamiento de los ingresos y los requerimientos adicionales que pueda generar el crecimiento de la litigación laboral.
Control de constitucionalidad y promulgación
Antes de su promulgación, parte del proyecto debió someterse al control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Mediante sentencia de 26 de agosto de 2026, dictada en el proceso Rol N°17.826-26-CPR, el Tribunal Constitucional declaró que los artículos 1 y 2 del proyecto eran conformes con la Constitución. La ley fue promulgada el 9 de septiembre de 2026 y publicada este lunes 14 de septiembre en el Diario Oficial.
Una reforma de capacidad judicial, no del procedimiento laboral
La Ley N°21.839 no modifica las causales de despido, las indemnizaciones, los procedimientos laborales ni los derechos sustantivos de trabajadores y empleadores: su objetivo es aumentar la capacidad institucional del sistema para conocer y resolver las causas laborales. La verdadera prueba de la reforma comenzará, por tanto, cuando el tercer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago entre efectivamente en funcionamiento y pueda medirse si la incorporación de 19 nuevos jueces consigue reducir los actuales tiempos de espera. Por ahora, la publicación de la nueva ley supone el reconocimiento legislativo de un problema que abogados, jueces y litigantes vienen observando desde hace tiempo: la justicia laboral enfrenta un volumen de causas que ha superado la capacidad con que fue diseñada su actual estructura.
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